Technical note
Technical note
Pérez, Alejandro ⓘ
Magíster en Diseño y Gestión de Programas para la Salud
Doctorando en Discapacidad – Universidad Favaloro
El presente artículo analiza críticamente las consecuencias de la ausencia o debilitamiento de políticas públicas en el campo del deporte adaptado e inclusivo. A partir de un enfoque de planificación estratégica situada y del análisis de experiencias territoriales, se problematiza la desconexión entre los niveles de formulación de políticas y su implementación efectiva, generando un vacío estructural que impacta directamente en el acceso al deporte de las personas con discapacidad. Se aborda el rol de los actores territoriales que sostienen prácticas inclusivas en condiciones adversas y se reflexiona sobre la fragmentación del sistema deportivo entre el alto rendimiento y la base participativa. Finalmente, se plantea la necesidad de reconstruir un horizonte común que garantice el derecho al deporte como parte de la ciudadanía plena.
This article critically analyzes the consequences of the absence or weakening of public policies in the field of adapted and inclusive sport. Based on a situated strategic planning approach and the analysis of territorial experiences, it examines the disconnection between policy formulation levels and their effective implementation, generating a structural gap that directly affects access to sport directly impacts access to sport for persons with disabilities. The role of territorial actors who sustain inclusive practices under adverse conditions is addressed, as well as the fragmentation of the sports system between high-performance sport and grassroots participation. Finally, the need to reconstruct a shared framework that guarantees the right to sport as part of full citizenship is highlighted.
El acceso al deporte para las personas con discapacidad ha sido reconocido como un derecho humano fundamental en diversos marcos normativos internacionales, particularmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), cuyo artículo 30 establece la obligación de los Estados de garantizar la participación en actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento en igualdad de condiciones.
Sin embargo, la existencia de marcos normativos no garantiza por sí misma la efectivización de estos derechos. En la práctica, el acceso al deporte depende en gran medida de la existencia de políticas públicas sostenidas, articuladas y territorializadas. Cuando estas políticas se debilitan o desaparecen, se produce un fenómeno poco explorado en la literatura: un vacío estructural que impacta directamente en las posibilidades reales de participación.
Este artículo propone abordar críticamente esta problemática a partir de la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando la política pública no llega al territorio?
Los sistemas deportivos contemporáneos presentan, en términos formales, una estructura jerárquica consolidada que incluye organismos nacionales, jurisdiccionales y locales, así como entidades del deporte federado y paralímpico. No obstante, como advierte Matus (1987), la planificación no puede entenderse como un proceso lineal, sino como un cálculo situacional condicionado por múltiples variables contextuales.
En este sentido, uno de los principales problemas en la gestión del deporte adaptado radica en la desconexión entre los niveles de planificación estratégica y su implementación territorial. La existencia de estructuras no implica necesariamente su funcionamiento efectivo.
Diversos estudios han señalado que las políticas públicas en discapacidad tienden a fracasar cuando son diseñadas sin considerar las particularidades del territorio (Oliver, 1990; Shakespeare, 2013). En el campo del deporte, esta problemática se expresa en la persistencia de modelos centralizados que no logran traducirse en propuestas concretas a nivel local.
Tal como se ha señalado en experiencias de gestión estratégica situada, los denominados “proyectos de escritorio” presentan serias limitaciones para impactar en la realidad, al no contemplar las dinámicas sociales, institucionales y culturales de cada territorio (Pérez, en prensa).
Esta desconexión puede representarse de manera esquemática a través de un modelo que evidencia la ruptura entre los niveles de formulación de políticas públicas y su implementación territorial, así como sus consecuencias directas en el acceso al deporte para las personas con discapacidad (Figura 1).
Frente a la ausencia o debilitamiento de políticas públicas, el territorio no desaparece, sino que se reconfigura. Son los actores locales (docentes, entrenadores, organizaciones comunitarias y familias) quienes, en muchos casos, sostienen propuestas de actividad física y deporte para personas con discapacidad.
Este fenómeno puede ser comprendido a la luz del concepto de capital social (Putnam, 2000), entendido como la capacidad de los actores de generar redes de cooperación y acción colectiva. Sin embargo, cuando estas prácticas se desarrollan en ausencia de políticas públicas, tienden a depender excesivamente de iniciativas individuales, lo que limita su sostenibilidad y alcance.
Asimismo, la falta de articulación entre actores genera lo que algunos autores denominan fragmentación institucional (Skocpol, 1992), donde las acciones se desarrollan de manera aislada, sin un marco común que oriente las prácticas.
En este contexto, el trabajo territorial adquiere una doble característica: por un lado, representa una forma de resistencia frente a la exclusión; por otro, evidencia las limitaciones estructurales del sistema para garantizar derechos de manera equitativa.
La ausencia de políticas públicas no produce un vacío neutro. Por el contrario, genera procesos de exclusión que afectan de manera directa a las personas con discapacidad (Shields; Synnot, 2016).
Diversos estudios han demostrado que las personas con discapacidad presentan niveles significativamente más bajos de participación en actividades físicas y deportivas en comparación con la población general (WHO, 2011; UNESCO, 2015). Estas diferencias no pueden explicarse únicamente por factores individuales, sino que responden principalmente a barreras sociales, institucionales y estructurales.
Entre las principales barreras identificadas se encuentran:
Estas barreras configuran lo que Oliver (1990) denomina el modelo social de la discapacidad, en el cual la exclusión no se origina en la condición individual, sino en las limitaciones del entorno.
En este marco, la inacción del Estado no puede ser interpretada como neutral, sino como una forma de reproducción de desigualdades estructurales.
Uno de los efectos más visibles de esta problemática es la creciente fragmentación del sistema deportivo entre el alto rendimiento y la base participativa.
Mientras que el deporte paralímpico ha logrado avances significativos en términos de visibilidad y desarrollo competitivo (DePauw & Gavron, 2005), la base del sistema (la iniciación deportiva y el acceso masivo) presenta importantes debilidades.
Esta situación genera una paradoja estructural:
Se promueve el rendimiento sin garantizar el acceso, y se proyecta la elite sin consolidar la base.
Como señalan Bailey et al. (2013), el desarrollo deportivo sostenible requiere de sistemas integrales que articulen diferentes niveles de participación. La ausencia de esta articulación conduce a modelos excluyentes que limitan las oportunidades de acceso.
Frente a este escenario, resulta necesario repensar las políticas públicas desde una perspectiva de planificación estratégica situada (Matus, 1987), que contemple la complejidad del territorio y la diversidad de actores involucrados.
Esto implica:
Asimismo, es fundamental recuperar el enfoque de derechos, entendiendo el acceso al deporte no como un beneficio, sino como una obligación del Estado (ONU, 2006).
En este sentido, el deporte inclusivo se presenta como una estrategia clave para ampliar las oportunidades de participación, al promover prácticas compartidas entre personas con y sin discapacidad en contextos accesibles y adaptados.
El análisis desarrollado permite afirmar que la ausencia o debilitamiento de políticas públicas en el campo del deporte adaptado genera un vacío estructural que impacta directamente en el acceso al deporte de las personas con discapacidad.
Este vacío no es neutro, sino que produce exclusión, desigualdad y fragmentación del sistema.
Frente a este escenario, resulta imprescindible reconstruir un horizonte común que permita articular esfuerzos, orientar acciones y garantizar el derecho al deporte como parte de una ciudadanía plena.
El desafío no es únicamente técnico, sino profundamente político y ético. En este sentido, garantizar el derecho al deporte para las personas con discapacidad no puede depender de esfuerzos individuales ni de iniciativas aisladas, sino que requiere políticas públicas sostenidas, articuladas y territorializadas que aseguren el acceso efectivo y equitativo en todos los contextos.
DePauw, K. P.; Gavron, S. J. (2005). Disability sport. Human Kinetics. 🔍
Matus, C. (1987). Política, planificación y gobierno. Fundación Altadir. 🔍
Oliver, M. (1990). The politics of disablement. Macmillan. 🔍
Shakespeare, T. (2013). Disability rights and wrongs revisited. Routledge. 🔍
UNESCO. (2015). Quality physical education (QPE): Guidelines for policy-makers. 🔍
World Health Organization (WHO). (2011). World report on disability. 🔍
Article
Publisher:
Journal: Técnica Administrativa
Volume: 25 , Number: 4, Order: 1 ; ISSUE: 108
Date of publisher: 2026-10-15
URL: www.cyta.com.ar/ta/article.php?id=250401
License: Atribución 4.0 - Internacional (CC BY 4.0)
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